La organización ecologista Greenpeace ha presentado un informe en el que se recoge la utilización de las bombas de racimo en los conflictos armados. En el documento, ‘Bombas de racimo: la lluvia de acero. Razones para la prohibición’, se recogen los datos de fabricación de este armamento en España y los efectos que causan en la población que es atacada por ellas.

España es uno de los países que posee y fabrica bombas de racimo. Varias empresas las fabrican, aunque la falta de transparencia en el comercio español de armamento hace imposible saber a dónde las venden.

Además, el ejército español, según reconoció el ministerio de Defensa, tiene un arsenal limitado de este tipo de armas. En concreto, el Ejército del Aire posee los modelos CBU- 100B (Rockeye), importada de EEUU; la antipista BME-330 y la granada de mortero MAT-120, ambas de fabricación nacional.

La desactivación de estas peligrosas armas es, precisamente, una de las tareas que deben asumir los soldados españoles desplegados en misiones de mantenimiento de la paz.

Una bomba de racimo puede expulsar cientos de submuniciones que se dispersan por amplias superficies. Actúan de forma indiscriminada, no distinguen entre blancos civiles y militares. Afectan sobre todo a la población civil, que son el 98% de sus víctimas. En especial los niños, que son atraídos por sus colores y formas llamativas.

Greenpeace pide al Gobierno español prohibir la producción, almacenamiento y uso de bombas de racimo en territorio español, y las transferencias o ventas al exterior.